El Reglamento “Libertad de los Medios de Comunicación” establecerá un marco común legislativo para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior de la UE e introducirá medidas destinadas a proteger a los periodistas y medios de las injerencias políticas, facilitando, al mismo tiempo, su actividad a través de las fronteras interiores de la UE.

El Parlamento ha consensuado defender la obligación de que todas las empresas mediáticas publiquen quiénes son sus propietarios. Además, pretende que los medios de comunicación, incluidas las plataformas en línea y los motores de búsqueda, informen sobre lo que ingresan por publicidad pública y sobre cualquier apoyo financiero público.

Las autoridades públicas deberán revelar anualmente información detallada sobre el dinero que invierten en publicidad institucional en medios y plataformas en línea, que no podrá ser superior a un 15% de su presupuesto total destinado a publicidad.

La posición del Consejo de la UE apoya los objetivos de la propuesta de la Comisión, garantizando que la nueva ley logre un equilibrio adecuado entre la armonización necesaria entre todos los países y el respeto por las diferencias nacionales.

El objetivo conjunto de la Comisión, el Consejo y el Parlamento es concluir las negociaciones sobre dicho Reglamento antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

El objetivo de la propuesta de Directiva sobre Créditos al Consumo es mejorar la protección de los consumidores europeos que solicitan créditos. Para ello, sustituirá a la anterior directiva de 2008, y garantiza que la información crediticia, como por ejemplo el coste total del crédito, se presente de manera clara y comprensible y se adapte a los dispositivos digitales.

Además, establece unas normas de publicidad más estrictas con el fin de reducir el crédito abusivo a los consumidores sobreendeudados; exige a los prestamistas que evalúen si los consumidores pueden reembolsar su crédito, de modo que estos estén protegidos frente al endeudamiento excesivo; amplía el ámbito de aplicación de la Directiva a los préstamos inferiores a 200 euros y a los productos adquiridos mediante la fórmula «compre ahora, pague después»; otorga a los consumidores el derecho a rescindir un contrato de crédito en un plazo de catorce días, y a los supervivientes de cáncer, el derecho al olvido.

Una vez que los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo hayan firmado la Directiva, esta se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los veinte días de su publicación, y deberá ser traspuesta por los estados miembros en los 24 meses siguientes a su publicación.

El Ministerio de Sanidad ha reconocido el uso de códigos “QR”, para mostrar a profesionales sanitarios la información autorizada de los medicamentos, de acuerdo con la nota informativa emitida por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Dicho código deberá remitir siempre a la información que hace pública la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y podrá utilizarse para dirigir sólo a la versión más actualizada de la ficha técnica, o para permitir el acceso a las informaciones esenciales del producto, dando así cumplimiento al apartado 1.a) del artículo 10 del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano.

Concretamente, el comunicado se refiere a: la información relativa a su régimen de prescripción y dispensación; las diferentes presentaciones del producto, en su caso, y la dosificación y/o la forma farmacéutica; y el precio de venta al público, las condiciones de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, o la estimación del coste del tratamiento.

Sin embargo, la información a la que se hace referencia en los apartados 1.b), 1.c) y 2 del citado artículo 10 no podrá ir almacenada en el “QR” y deberá seguir proporcionándose como en la actualidad, es decir, incluyéndola en el material publicitario.

La Directiva y el Reglamento propuestos actualizan la legislación vigente de 1998 y 2002, respectivamente, y pretenden facilitar la protección de los dibujos y modelos industriales y adaptar la legislación de la UE en este ámbito a los retos de un mundo digital y de impresión 3D.

Un dibujo o modelo industrial es la apariencia externa de un producto, y constituye uno de los factores principales que influyen en la elección del consumidor, por lo que un buen dibujo o modelo constituye una importante ventaja competitiva para los productores y aumenta el valor del producto. Por consiguiente, deben protegerse frente a las copias o imitaciones.

Además, esta revisión legal tiene por objeto seguir armonizando la protección de los dibujos y modelos de las piezas de recambio utilizadas para la reparación de productos complejos (por ejemplo, piezas de carrocería de automóviles). Este paso liberalizará el mercado de piezas de recambio y se reducirán los precios para los consumidores.

La nueva Directiva tendrá un período de transposición de treinta y seis meses (en lugar de veinticuatro) a fin de que los estados miembros dispongan de más tiempo para adoptar las medidas necesarias para aplicar la nueva legislación.

La propuesta de Directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica tiene como objetivo mejorar los derechos de los consumidores modificando la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales y la Directiva sobre Derechos de los Consumidores, y pretende poner fin a las prácticas desleales que impiden a los consumidores tomar decisiones correctas en materia de consumo sostenible. Para ello, adaptará ambas normativas en materia de blanqueo ecológico y alegaciones medioambientales engañosas.

El acuerdo alcanzado incluye las alegaciones sobre compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas prohibidas, lo que significa que los comerciantes no podrán afirmar que un producto tiene un impacto ambiental neutral, reducido o mejorado, basándose en programas de compensación no verificados.

Además, define los elementos clave del esquema de certificación en el que deberán basarse las etiquetas de sostenibilidad e incluye medidas más estrictas en materia de información sobre la obsolescencia temprana de los productos. Por último, se introduce una etiqueta armonizada con información sobre la garantía comercial de durabilidad que ofrecen los productores y que deberá incluir una referencia a la garantía legal de conformidad.

El acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo deberá ser respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones y, a continuación, se otorgará a los estados miembros un período de transposición de 24 meses para realizar los cambios correspondientes en la legislación interna.

El 16 de octubre la Comisión Europea realizó un webinar online para informar sobre el lanzamiento de un nuevo recurso web denominado “Influencer Legal Hub” destinado a proporcionar orientación a influencers, anunciantes e interesado acerca de cómo cumplir con las leyes existentes de la UE que cubren el marketing de influencers.

El 12 de octubre el Tribunal General de la Unión Europea falló en contra de las medidas provisionales solicitadas para suspender la implementación del Acuerdo Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.

La decisión se produjo en respuesta a la presentación de la solicitud interpuesta por parte del legislador francés del Parlamento Europeo, Philippe Latombe, contra el acuerdo de transferencia y la posterior decisión de adecuación. El tribunal argumentó que el demandante no había podido probar que dicho acuerdo provocase un daño individual o colectivo.

La Comisión Europea puede impugnar la validez de la legislación de los estados miembros de la UE si no se notifica y considera adecuadamente en el marco de la UE. En esta ocasión, la Comisión Europea ha rebatido la ley francesa sobre influencers que se encuentra destinada a regular el marketing e influencia y combatir los abusos de personas influyentes en las redes sociales que se dirijan a una audiencia de habla francesa.

La Comisión sostiene que el gobierno francés publicó la ley antes de poder evaluar si socava el funcionamiento del mercado único de la UE.

La WFA ya había señalado previamente el incumplimiento por parte del gobierno francés del procedimiento de notificación como parte de los comentarios realizados sobre la ley francesa de influencers presentados a la Comisión Europea.